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QUE LA VIDA LE ALCANCE PARA PURGAR LA PENA
PRIMERA PARTE
(drama inconcluso)
Autor: Jaime Díaz
Preludio
Un sobrio y sereno intelectual, de pasos cautelosos y activo defensor de derechos humanos llegó al Congreso de la República como Representante a la Cámara por Bogotá. Era el 20 de julio del 2010. Su vida no había sido fácil: a los tres años (en 1965) su familia se vio forzada al exilio y amenazada por el compromiso político y social de su padre y de su madre. Primero fueron a Checoslovaquia y después en 1968, cuando las tropas de la Unión Soviética invadieron el país, tuvieron que migrar a Cuba. Regresaron a Colombia en 1970. Su madre falleció a causa de un cáncer en 1981 y ese mismo año él migró a Bulgaria donde estudió filosofía en la Universidad de San Clemente de Ohrid de Sofía. En 1987 regresó al país. El 9 de agosto de 1994 su padre, el senador de la UP, Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado. Su asesinato ocurrió en el marco del exterminio que se hizo contra militantes de la UP por parte de una alianza criminal de personas ligadas a estamentos del Estado, militares y paramilitares. Se asesinaron además a dos candidatos a la presidencia, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 11 alcaldes y más de 6.000 militantes de la UP.
A raíz del asesinato de su padre, Iván creó inmediatamente la Fundación Manuel Cepeda para esclarecer el crimen y posteriormente, junto a 16 organizaciones más, el Movimiento Nacional de Víctimas de Estado (MOVICE) en busca de esclarecer los crímenes ocurridos en las décadas de 1980 y 1990. A raíz del trabajo que venían realizando fue víctima de amenazas que lo obligaron al exilio en Francia entre 2000 y 2003, tiempo que aprovechó para titularse como Magíster en Derechos Humanos por parte de la Universidad de Lyon. De regreso al país continuó su lucha en favor de los derechos humanos y la búsqueda de la verdad. En ese marco y siendo crítico de la cruel presidencia de Álvaro Uribe Vélez (AUV), publicó en 2008 una investigación realizada con Jorge Rojas, titulada “A las puertas del Ubérrimo”(1). En la publicación se traza un paralelo entre el auge del uribismo, la expansión paramilitar y la presencia de congresistas investigados por parapolítica.
Mientras Uribe estaba culminando su presidencia el 7 de agosto del 2010, el nuevo congresista Cepeda había comenzado su labor el 20 de julio del mismo año. Cepeda fue elegido como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo. A su despecho comenzaron a llegar muchas quejas de presos sobre malos tratos en las cárceles. Él empezó a visitarlos. En distintos diálogos con los presos encontró a un antiguo trabajador de la finca Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe, Juan Guillermo Monsalve, quien acusó al expresidente de estar relacionado con los paramilitares. “Cepeda lo grabó, en 2012 hizo un debate en la Cámara contra Uribe y le entregó las grabaciones a la Fiscal General Viviane Morales, quien abrió un proceso sobre la creación del Bloque Metro y la masacre de San Roque”(2). El expresidente en febrero de 2012 respondió con una denuncia contra Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia, por calumnia y fraude procesal.
Uribe se consideraba el hombre más poderoso del país. Había manejado con mano de hierro a Colombia durante dos períodos presidenciales sucesivos (2002-2010), aunque había errado en la búsqueda ilícita de un tercer mandato que no pudo concretar tratando de voltear el pescuezo a la Constitución, situación por la que varios de sus ministros tuvieron que purgar su ambición con la cárcel, al sobornar a congresistas, para dar vía libre en un tercer período, mediante ajustes constitucionales. No obstante, con su influencia logró que su candidato, Juan Manuel Santos, lo sucediera en la presidencia. Posteriormente en contra de sus deseos, Santos logró un segundo mandato pero a continuación de quien consideró haberlo traicionado, volvió a llevar a la presidencia a otro de sus designados, el pusilánime Iván Duque.
Primer acto
En el 2014 el expresidente Uribe se postuló y llegó al Congreso con la mayor votación como Senador, en tanto que Iván Cepeda pasó de la Cámara al Senado. Los dos congresistas estaban situados en posiciones antagónicas. La persistencia de Cepeda en la defensa de los derechos humanos y su compromiso por la necesidad de trabajar por una política de paz negociada, chocaban con las posiciones militaristas del Sr. Uribe. Desde su curul en el senado Cepeda amplió su debate en septiembre de 2014 sobre el paramilitarismo y el posible involucramiento de AUV en la formación de grupos paramilitares, debate que había comenzado en el 2012. Fue una confrontación electrizante con argumentos y datos consistentes de Cepeda ante un indignado Uribe que herido en su orgullo se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para demandar a Cepeda, al que acusó de buscar en las cárceles antiguos paramilitares con el objetivo de que sirvieran como falsos testigos en su contra. Lo acusó de los delitos de calumnia y falso testimonio.
Con el proceso abierto ante la Corte Suprema de Justicia, las partes organizaron la defensa y el ataque. Uribe contrató a los dos bufetes de abogados penalistas más prestantes y costosos del país: el de Jaime Granados y el de Jaime Lombana, como también se hizo servir de abogados de menos renombre, pero muy conocidos en la defensa de poderosos capos, como el Sr. Diego Cadena, conocido como “abogánster”. Cepeda acudió al prestigioso defensor de derechos humanos, Rodrigo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, como también al penalista Miguel Ángel del Río.
La Corte Suprema escuchó, indagó e investigó el caso durante cuatro años para concluir el 16 de febrero de 2018 que Cepeda quedaba exonerado de la acusación hecha por el expresidente y archivó la denuncia. Pero encontró méritos para llamar a indagatoria a AUV, pues consideró que podía estar incurso en delitos. El expresidente arremetió contra el alto tribunal, hablo de presión mediática y se quejó de que se “administre justicia a través de filtraciones a interesados políticos”. El proceso contra Uribe avanzó hasta que el 3 de agosto de 2020 cuando la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de forma unánime, con los cinco magistrados que la integraban, dictó detención contra el señor expresidente pues consideró que había indicios graves de que había cometido sobornos a testigos y fraude procesal. Según el presidente de la Sala Especial de Instrucción, Héctor Alarcón: “La providencia (de detención) fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal, que indica posibles riesgos de obstrucción a la justicia”. La medida “tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recabado y actualizado por la Sala”, en el cual incluye “pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos e interceptaciones telefónicas que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”.
Uribe quedó recluido en casa por cárcel en su finca El Ubérrimo en Córdoba (1.500 hectáreas) el 4 de agosto de 2020, como preso #1.087.985. Permaneció allí (preso) hasta el 10 de octubre del mismo año, cuando la jueza 30 penal de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, dispone su libertad para que desde esa posición responda el caso en el que está incurso.
Uribe y sus abogados tiraron una moneda al aire estudiando que estaría cargada al pasar de la justicia especial como senador donde el organismo competente es la Corte Suprema de Justicia, a la justicia ordinaria donde el proceso pasaría a la Fiscalía en manos de gente obsecuente a su causa, dado que el Fiscal General nombrado de las toldas de su partido, era el señor Francisco Barbosa. Uribe renunció a su carácter de senador y pasó a ser juzgado por la justicia ordinaria. El cálculo fue correcto. Barbosa nombró como fiscal del caso a Gabriel Jaimes, quien en marzo de 2021 solicitó la preclusión del caso, que es una especie de absolución, pues tiene efectos de cosa juzgada. “La jueza 28 penal de circuito, Carmen Ortiz, escogida por reparto, niega la preclusión el 27 de abril de 2022, por lo cual Barbosa designa otro fiscal (Javier Cárdenas), quien nuevamente solicita la preclusión en agosto 2022, pero nuevamente otra jueza escogida por reparto (la jueza 41 del circuito, Laura Barrera) rechaza el 23 de mayo de 2023 esa petición. La Fiscalía apela esa decisión, pero una sala del Tribunal de Bogotá, por decisión unánime de sus tres magistrados, escogidos también por reparto, confirma el 29 de septiembre de 2023 la decisión y señala que el proceso debe seguir”(3).
Segundo acto
Son nuevos tiempos. La fiscalía de Barbosa quedó atrás: el 12 de marzo de 2024 fue nombrada como Fiscal General de la Nación, la señora Luz Adriana Camargo, quien nombró en un primer momento como fiscal del caso Uribe al señor Gilberto Villareal, quien después de tres negativas por parte de la fiscalía a la preclusión (en tiempos del Fiscal Barbosa), acusa formalmente a Uribe el 9 de abril de 2024 por los delitos de fraude procesal y soborno. En junio del 2024 se nombró como fiscal del caso a la señora Marlene Orjuela.
La jueza Sandra Heredia, elegida por sorteo, tomó el caso en abril de 2024. Debía llevarlo a término en corto tiempo, de lo contrario el asunto prescribiría y sería archivado. Los abogados del expresidente jugaban a esa posibilidad pero además quisieron apartarla del caso acusándola de no ser imparcial, petición que fue rechazada por otra jueza al considerarla “infundada”. La jueza Heredia adelantó el proceso con rigor y sin que le temblara la voz. En un momento, en los interrogatorios, había reconvenido al poderoso expresidente de la siguiente manera: “Limítese a contestar lo que se le pregunta en el marco de la imputación; no vino usted a hacer aquí un discurso político, ni nos interesa su biografía”.
Fue una carrera contrarreloj para que el caso no prescribiera (en octubre 2025). Lo señaló la propia jueza el 28 de julio 2025 cuando dio inicio a la lectura del fallo de más de mil folios: los 475 días del juicio supuso “una maratónica lucha contra el reloj”.
La jueza dictó su sentencia de manera firme y prolija, detallando parte por parte, desentrañando todo el proceso. Sin que le temblara la voz comenzó diciendo: “La justicia no se arrodilla ante el poder. La justicia no ve nombres, ni cargos, ni estatura”. Las cadenas de radio y televisión estaban
abiertas para ver y escuchar el sonado e inédito caso. Miles de personas siguieron el juicio no obstante la larga y a veces tediosa exposición de la jueza, pero también sus no pocas y punzantes precisiones.
Transcribo algunos apartes de la sentencia:
- “Este juicio, vale decirlo sin rodeos, no es un juicio contra la historia política de Colombia. No es una revancha. No es una conspiración. No es un acto de oposición política. Es un acto de justicia y solo de justicia”.
- “Hoy también es necesario recordar algo que la historia no debe pasar por alto. La conducción de este proceso ha estado a cargo de mujeres que, desde sus roles, en cada una de las etapas del proceso, han enfrentado con valentía incluso ataques machistas y cuestionamientos que no se habrían formulado quizá si quien decidiera fuera un hombre”.
- “La toga no tiene género, pero si tiene carácter”. Y añadió: “Cuando una mujer administra justicia, lo hace con el mismo rigor, incluso más, que cualquier otro funcionario judicial”.
- “La justicia ha llegado. Ha llegado como debe ser: serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones”.
Para llegar al fallo luchando contra la prescripción, la jueza agendó audiencias durante los últimos meses todos los lunes, martes, jueves y viernes desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De esta manera logró escuchar en tiempo record a más de 90 testigos.
En cinco de los seis hechos en que la Fiscalía condensó la investigación, se demostró la dinámica criminal del expresidente: los ofrecimientos del abogado Cadena (contratado por Uribe) al testigo (de Cepeda) Monsalve, las presiones a otros personajes del bajo mundo, sobornos incumplidos a exparamilitares; las cartas falsas de presos de la cárcel de alta seguridad de Cómbita, dirigida a altas instancias judiciales. La jueza señaló: “Queda claro también que afectó gravemente el bien jurídico de la administración de justicia, el bien protegido tanto por el delito de soborno en actuación penal como por fraude procesal. El mismo no se ejerció contra cualquier juez, sino que fue directamente contra la Corte Suprema de Justicia” pero siempre haciéndose pasar por víctima. La jueza Heredia concluyó que Uribe participó como determinador de una red ilegal de manipulación de testigos por la que, dice, debe pagar una pena privativa de la libertad.
“El único hecho en el cual Uribe fue absuelto por duda razonable –es decir, porque no hubo pruebas para definir su culpabilidad o inocencia- fue el de las declaraciones de la exfiscal Hilda Niño, condenada en 2020 por recibir sobornos para favorecer a narcotraficantes a los que investigaba”(4).
Uribe fue declarado culpable con una condena que sería leída el 1 de agosto. Sin embargo, al terminar la maratónica lectura del fallo, la jueza Heredia, reconvino a Uribe de la siguiente manera: “En su condición de máxima autoridad, que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, incurrió en estos comportamientos y, de esa manera, ha mandado también un mensaje a la sociedad muy negativo para las futuras generaciones que ven en estas conductas el comportamiento de una persona, de los connotables (sic) cargos a los cuales ha accedido. Pues también repítase, no es un buen ejemplo”, concluyó la jueza.
El expresidente Uribe, temiendo lo que se le venía encima había publicado unos días antes un trino en la red social X diciendo que es un perseguido político, que el presidente presiona a los jueces y que Cepeda es “el perfecto camarada de las FARC”.
El 1 de agosto la expectativa era grande, la jueza Heredia presentaría la sentencia en primera instancia. Puntualmente a las 2:00 p.m. inició una lectura resumen del fallo final. Tomó su tiempo, pero finalmente estableció 12 años de prisión, ocho de inhabilidad para ejercer cargos públicos e impuso una multa de $3.444 millones de pesos.
Uribe pidió la palabra, que le fue concedida, y durante más de dos horas argumentó que la sentencia en su contra era una decisión política, plagada de errores y violaciones al debido proceso, de interpretaciones sesgadas de la jueza y errores de la Fiscalía.
Los abogados del expresidente manifestaron inmediatamente que apelarían la sentencia, como de hecho lo hicieron posteriormente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que tendrá hasta el 21 de octubre de este año para definir si confirma la condena contra Uribe o lo absuelve antes de que el caso prescriba y quede archivado. Esta es la segunda instancia que hará oficial en un pronunciamiento ese mismo día.
Se sabe que cualquiera que sea la decisión del Tribunal será apelada, ya sea por Uribe si es condenado, o por Cepeda si no lo es. En cualquier caso, se hará una última apelación a la tercera y última estancia, la Corte Suprema de Justicia.
Sin duda este proceso ha sido inédito, llevando ante las más altas instancias a un personaje que durante las últimas tres décadas se ha colocado en el centro de la vida política del país. Este no es ni el primero ni el único proceso en el que está incurso, ni tampoco el de mayor gravedad, pues, por ejemplo, se adelanta en Argentina ante un tribunal de justicia internacional, una querella en su contra como máximo responsable de las 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, asesinadas por el Ejército Nacional de Colombia, presentadas ilegalmente como bajas en combates entre 2002 y 2008, y documentadas por la Justicia Especial para la Paz (JEP).
(La culminación del segundo acto de este drama será escrita después de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá)
Tercer acto y epílogo
Tendremos que esperar para saber cómo se resuelve finalmente este drama, pues la Corte Suprema de Justicia tendría hasta cinco años para dar el veredicto final. En razón a los tiempos largos que se toma la justicia, un amigo defensor de los derechos humanos y estrechamente ligado al proceso me hizo el siguiente comentario en relación al expresidente: “Ojalá la vida le alcance para purgar la pena”.
LA CERTEZA PARA UN BUEN GOBIERNO
Es un primer paso, pero es fundamental. El próximo 26 de octubre se tendrá la consulta del Pacto Histórico que tiene dos propósitos, el primero de ellos, ordenar sus listas al Senado y a la Cámara. Esta es una importante posibilidad democrática para que la ciudadanía determine la posición en la que postuladas y postulados al Senado y a la Cámara puedan ser colocados según el número de votos en las listas que serán cerradas, es decir que, según el orden en que se ubiquen, tendrán mayores y menores posibilidades de llegar al Congreso.
Es bien sabido que la votación para senadoras/es son de carácter nacional, mientras en las correspondientes a la cámara, se eligen los representantes por los distintos departamentos y Bogotá. Cualquier ciudadano, no importa el partido al que pertenezca, puede acceder al voto si está inscrito para ejercer este derecho ciudadano. Es importante previamente determinar la candidata/o por el que se va a votar y para ello es básico conocer sus propuestas y sus hojas de vida; existen muchos/as oportunistas. No es el que más propaganda realice o más dinero haya invertido: precisamente este último procedimiento puede ser sospechoso. Quien compra el voto está invirtiendo para robar. Pero este procedimiento seguramente no es procedente en el Pacto Histórico, pero si se diera, deberá ser totalmente rechazado, condenado y divulgado como un delito.
Existen una gran cantidad de alternativas con propuestas y personas honestas de gran credibilidad y compromiso en las distintas regiones y a nivel nacional. Conocemos casos como en el Valle del Cauca la postulación de una maestra sindicalista, miembro de la Red Nacional en Democracia y Paz, defensora de derechos humanos y comprometida con el medio ambiente. La profesora Janeth Polanco Sarmiento, postulante a la Cámara con el número 50. En Santander también se está postulando el incansable ambientalista, defensor de DDHH, del agua y la naturaleza, Óscar Mauricio Sampayo, con el número 15 para la Cámara. A nivel nacional postulándose para el Senado encontramos un amplio abanico de candidatas y candidatos, como Aída Avella, Gloria Flores, Wilson Arias, María José Pizarro, Luis Guillermo Pérez (número 50) y Alirio Uribe, éste último con el número 44 quiere pasar de la Cámara al Senado. Alirio ha estado siempre en llave
con Iván Cepeda (el uno en la Cámara y el otro en el Senado). Alirio ha ejercido su labor con seriedad, competencia y siempre trabajando por cambios profundos en la vida política del país, con una historia larga y meritoria como defensor de derechos humanos.
Pero el plato fuerte es la escogencia del candidato/a por el Pacto Histórico a la presidencia de la república. Ha sido un proceso complejo que se ha venido decantando. Finalmente han quedado en la disputa, la médica y exministra de salud, Carolina Corcho (con el número 1 en el tarjetón), y el humanista, defensor de derechos humanos y senador, Iván Cepeda (número 2 en el tarjetón). A última hora se retiró de la papeleta para el domingo 26 de octubre, el exalcalde de Medellín e ingeniero, Daniel Quintero; esto no quiere decir que haya desistido de presentarse como opción a la presidencia, pero espera postularse en una consulta amplia que se haría el próximo año, donde se escogería el candidato/a oficial de la izquierda.
La exministra de salud, Carolina Corcho, ha venido recorriendo el país desde hace más de un año. Ha sido una maratón y un compromiso asumido con seriedad, con un verbo claro y fuerte. Es una mujer de gran coraje y con sobrada terquedad, como lo demostró en los escasos ocho meses que duró su labor como ministra. Tal vez por esa inflexibilidad, la profunda reforma a la salud que pretendía no pudo llevarse a cabo en un Congreso empeñado en proteger el actual sistema, que sin duda requiere cambios profundos; pero es sabido que la política es un arte de avanzar, pero también conciliar. De alguna manera esta reforma truncada postergó y frenó otras reformas que tenía en el tintero el gobierno Petro.
Carolina Corcho está comprometida en continuar en lo fundamental las políticas pregonadas por el actual gobierno. Pero sin duda será la reforma a la salud su caballito de batalla. Esto podría empantanar su posible gobierno. En sus declaraciones ha dicho: “No llego como la candidata de las élites, ni de las cúpulas partidistas. Soy la candidata de la base social y popular, de los movimientos sociales, de las mujeres y los jóvenes y de los campesinos. Trabajo por un renovado proyecto político y una izquierda democrática”. Y frente a la pregunta sobre por qué no desistía de su candidatura y se unía a la de Cepeda, como lo hicieron los otros seis candidatos (con excepción de Quintero), señaló: “La decisión de mi precandidatura va más allá de mí. Fui inscrita por más de 100 organizaciones populares y sociales, y de sectores académicos. Así iré hasta el final”.
Iván Cepeda ha llegado de forma tardía a la campaña por la presidencia. El 22 de agosto en la ciudad de Pasto manifestó su propósito de ir por la presidencia. Había sido reacio a postularse, dice que no estaba en sus cuentas hacerlo, pero ante un persistente llamado de víctimas, de organizaciones y movimientos sociales y políticos, de columnistas, académicos y cientos de ciudadanos que lo llamaron a que se presentara a las justas electorales, aceptó el reto. Su vida ha estado dedicada a la defensa de los derechos humanos y al ejercicio político en favor de la verdad, la justicia social y la paz. Una vez presentó su nombre a la disputa electoral por el Pacto Histórico, seis de los también precandidatos comenzaron a estudiar la posibilidad de unirse a su candidatura y así lo concretaron poco tiempo después. De esa manera, Alí Bantú, Gustavo Bolívar, Gloria Inés Ramírez, Gloria Inés Flórez, Susana Muhamad y María José Pizarro desistieron de sus candidaturas y se vincularon a la de Cepeda. También le habían pedido a Carolina Corcho hacerlo, pero ella por las razones arriba indicadas persistió en estar en el tarjetón del 26 de octubre.
Cepeda no es un político corriente, no enciende su verbo en la plaza pública, no exagera, no se monta en elucubraciones y palabrería, no es un hombre espectáculo. Es mesurado, tranquilo, serio, es un intelectual riguroso y un parlamentario consistente, lleva sus causas hasta el final. Causó fuerte impresión en la ciudadanía el aplomo con el que Iván respondió, cuando el 9 de agosto de 1994 al tener que bajarse de un bus que lo conducía la Universidad Javeriana en Bogotá, encontró a su padre asesinado minutos antes por sicarios, al interior de su vehículo (5).
En campaña a la presidencia, el senador Cepeda ha hecho pronunciamientos serios y consistentes, ha propuesto dar continuidad a los logros del gobierno Petro, enfocándose en la profundización de los cambios. Sus ejes principales son la justicia social, la justicia ambiental, la disminución de la desigualdad, la defensa de los derechos humanos, la austeridad, el trabajar incansablemente por la construcción de paz. Ha señalado como punto nodal la lucha contra la macro corrupción que inunda todas las instancias y regiones del país, hacer una revolución ética.
Iván es una persona que escucha y dialoga, cualidades importantes para un jefe de estado que debe hacer equipo con sus ministros y otros funcionarios del alto gobierno, pero también estar atento y escuchar la voz del pueblo.
Su carácter está calcado en su forma de hacer la campaña: “No apelaré al odio, ni a la burla, ni a la deshumanización del oponente. Será una campaña de diálogo, con las personas del común y con mis adversarios políticos. No responderé con insultos, ataques personales ni campañas difamatorias. Como ha sido mi práctica durante toda mi vida política, me guiaré por el principio del respeto, que no significa renunciar al debate, sino ejercerlo con firmeza, coherencia y altura”.
Su campaña ha sido calificada como aburrida, sobre todo en un primer momento, donde con papeles en mano pronunció discursos temáticos en cada una de sus apariciones públicas. Posteriormente se ha soltado y acude de manera más directa, con pronunciamientos hilvanados y teniendo en cuenta las regiones y la ciudadanía presente. Es una nueva forma de hacer política, sin estridencias, sin promesas vacías, sin mentira y exageraciones, sin populismo. Lamentablemente muchas veces se es proclive a la mentira, al show mediático, a las ilusiones vanas. La ciudadanía debe convencerse de que Iván es un hombre creíble, una figura ética y transparente, como lo fue en su época el profesor Antanas Mockus (1998, 2006 y 2010), o el magistrado Carlos Gaviria Díaz (2006), quienes también lucharon por la presidencia con decoro y seriedad. Ahora es el momento de tener un presidente que trabaje privilegiando el bien común, la regeneración ética que necesitamos y que adelante un gobierno de ejecutorias para bien de todo el país, privilegiando las grandes mayorías que buscan salir de la pobreza y el abandono estatal.
Sería el estadista que necesita Colombia, lejos de odios y polarizaciones, presidente de todas y todos los colombianos, pero con opciones y posiciones claras: “He trabajado incansablemente por articular las fuerzas progresistas y democráticas, por construir puentes que nos acerquen a un Pacto Nacional que incluya a todos los sectores de la sociedad, y que tenga como prioridad a los más pobres, a los históricamente excluidos”.
A continuación, transcribo apartes del discurso al inaugurar su campaña en Pasto. Es una magnifica síntesis de su pensamiento y de lo que posteriormente ampliaría en nuevas intervenciones:
“Como sociedad marcada por una historia de violencia, desigualdad, patriarcado y racismo, padecemos una profunda degradación moral. Hemos heredado el miedo a la libertad, el desprecio por los pobres, el sometimiento de las mujeres, la persecución de los pueblos ancestrales, la simulación de la democracia, el rechazo a la paz, la intolerancia frente al cambio social y la exclusión de quienes no poseen riqueza ni poder (…). Ese modelo de vida ha implicado el sacrificio de nuestra nación como proyecto colectivo. Hemos terminado por aceptar los peores crímenes y normalizar la corrupción, permitir el predominio del odio, ceder con abyección ante la dominación, destruir la ética pública, anular la solidaridad, negar la dignidad humana y despreciar lo más valioso de nuestra cultura e identidad (…) Por eso, no basta con transformar las condiciones materiales de vida. Necesitamos una auténtica revolución ética, una revolución de conciencia, que comience en lo más profundo de cada uno y cada una de nosotros. Una transformación que nos libere de la indiferencia ante el dolor ajeno, que rompa con el desprecio por la vida digna y nos devuelva la capacidad de imaginar y construir un país justo, solidario y en paz”.
Y luego de afirmar que su respeto a la democracia nace de su “convicción profunda de que la reconciliación nacional, los acuerdos –uno o múltiples–, el fin de todas las violencias, la verdad y la justicia, deben ser los principios rectores de cualquier proyecto”; y de agregar que será “implacable frente a cualquier forma de corrupción”; que garantizará “el respeto irrestricto a las libertades públicas”; y que su “campaña, por convicción, será profundamente austera”.
Y concluyó su discurso con tres ideas significativas: 1) “Defenderé con convicción el programa del Pacto Histórico, sin perder nunca la ética en el camino”. 2) “El verdadero cambio político y económico no se construye “contra” alguien sino con todos y todas”. 3) “No se trata de excluir, sino de incluir; no de imponer sino de convocar”.
Este 26 de octubre es imperativo escoger el candidato de las cualidades y competencias de Iván Cepeda, que como señalan sus lemas de campaña es “El poder de la verdad” e “Iván nos une”. Con entusiasmo vayamos a votar este 26 de octubre por Iván Cepeda, e invitemos a otras y otros a hacer lo mismo. Iván es nuestra esperanza.
Bogotá, 15 de octubre 2025
(1) Hace referencia a la finca “El Ubérrimo” propiedad de Álvaro Uribe Vélez, en el departamento de Córdoba y con un área de 1.500 hectáreas.
(2) Lara Salive, Patricia, El que las hace se las imagina, El Espectador, pág. 16, 1 agosto 2025.
Versión digital disponible en:
https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/patricia-lara-salive/el-que-las-hace-se-las-imagina
(3) Uprimny, Rodrigo, El proceso y la condena de Álvaro Uribe, El Espectador, 3 agosto 2025, pág. 43.
Versión digital disponible en:
(4) Montes Arias, Gustavo, Los dardos de la jueza Heredia en el fallo contra Uribe, El Espectador, 30 de julio de 2025, pág. 2.
Versión digital disponible en: