El sábado 7 de junio el joven senador Miguel Uribe Turbay, recibió al menos dos impactos de bala en su humanidad. La orden era descargar todo el proveedor. Eran las 5:40 en la tarde Bogotana y subido en una tarima improvisada se dirigía a un pequeño número de personas en la esquina de un parque al occidente de la capital. Su presencia allí obedecía a un plan de giras y encuentros con ciudadanos en vista a su candidatura presidencial para el próximo año (2026), sumándose a los más de 70 aspirantes a la Casa de Nariño.

Uribe Turbay, de 39 años, forma parte del partido de derecha Centro Democrático (CD) y es sin duda el político actual más cercano del expresidente Uribe, quien en el año 2022 lo colocó en la cabeza de lista al senado de su partido, no obstante, la trayectoria de otras y otros políticos del CD que aspiraban ser cabeza de lista. Miguel es nieto del que fuera presidente de extrema derecha en los años 80, Julio Cesar Turbay Ayala (de origen libanés), a quien se atribuye, como a Álvaro Uribe, graves violaciones a los derechos humanos durante su presidencia. La madre de Miguel Uribe, la abogada y periodista Diana Turbay, fue secuestrada en agosto de 1989 por el cartel del narcotraficante Pablo Escobar y fue asesinada seis meses después, en enero de 1991, en medio del operativo militar de rescate realizado por el Ejército Nacional. Miguel tenía cinco años cuando murió su madre.  

Un joven sicario de 14 años se acercó al senador por detrás y le hizo un disparo a la cabeza y uno en una de sus extremidades. La hermana del joven senador declaró días después que la información que tenían era que al estar su hermano más alto que el agresor, es probable que el proyectil haya entrado en un ángulo ascendente, lo que hubiera ayudado a que no tocara partes vitales del cerebro, lo que hubiera producido una muerte instantánea. Se supo después por información suministrada por Katerine Martínez alias “Gabriela”, una joven mujer de 19 años que formó parte del operativo sicarial, que la orden era disparar a la cabeza para asegurar su asesinato. El adolescente huyó corriendo, siendo perseguido por los escoltas del senador que lo detuvieron al dispararle en una de sus piernas. La misma joven aprendida pocos días después en Florencia (Caquetá) manifestó que quien comandaba la operación asesina, Elder Arteaga (alias “El Costeño”, el último en ser detenido), había apostado a que el joven sicario fuera ultimado para así romper la posible cadena de información. Sus cálculos fallaron y a partir de los interrogatorios al adolescente, y sucesivamente a los nuevos capturados, a los teléfonos celulares incautados y también gracias a las cámaras de vigilancia de la zona donde se cometió el atentado, se ha logrado la rápida captura por parte de las autoridades de los cinco implicados directos. Arteaga, quien preparó y comandó el operativo criminal es un reconocido jefe de sicarios a sueldo. Se espera que a partir de los interrogatorios a éste último capturado, se pueda llegar a los maquinadores de este grave atentado.

Se han desgranado varias hipótesis, siendo la más consistente, que el atentado provendría por orden de las disidencias de las FARC – Segunda Marquetalia, comandadas por alias Iván Márquez.

Miguel Uribe, que contaba con un frágil esquema de seguridad, fue trasladado inmediatamente a un hospital cercano al lugar del atentado, donde se le estabilizó y posteriormente a uno de los mejores centros médicos del país, la Fundación Santa Fe, y puesto al cuidado del Dr. Fernando Hakin, prominente neurocirujano quien le ha realizado varias intervenciones quirúrgicas que lo mantienen con vida y al parecer con pronósticos alentadores progresivos.

La condena al atentado fue unánime, sin embargo, el dedo acusador pretendió esgrimirse de un lado y del otro, tratando de pescar en río revuelto, en medio de la aguda polarización que se vive en el país y en vistas a una cercana campaña electoral, como también en el marco de agitados debates y desencuentros en los trámites de leyes importantes que se están adelantando en el Congreso.

Los grandes medios de comunicación han dedicado gran espacio y tiempo a informar y sublimar al herido senador y a su familia, llamando a cadenas de oración nacional y aupando la convocatoria a una gran marcha nacional. De hecho, en las principales ciudades del país y en especial en Bogotá, se llevó a cabo una masiva “marcha del silencio” donde no faltaron pancartas pidiendo la salida del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, la motivación para la mayor parte de los marchantes fue el rechazo total a la violencia, un llamado a la paz y una especie de exorcismo ante nuevos atentados como los ocurridos en 1990 cuando se asesinaron a tres candidatos a la presidencia en el trascurso de ocho meses.

Se destaca que las autoridades han puesto presos a los cinco implicados directos en tiempo record (menos de un mes) y se espera que a partir de interrogatorios y nuevas pesquisas se pueda llegar a los últimos responsables y conocer sus motivaciones, dejando atrás sospechas dañinas que enrarecen aún más el acontecer político del país.

AMOR, ODIO Y VENGANZA DE UN FRANCOTIRADOR

Álvaro Leyva Durán, es un anciano político camaleónico con un variado historial en la vida política y gubernamental del país desde su adolescencia en los años 50 cuando su familia se exilió a los Estados Unidos como consecuencia del golpe de Estado en 1953 por parte del general Rojas Pinilla, cuando derrocó al presidente Laureano Gómez, del que su padre era ministro. Se suele decir que proviene de una familia de abolengos y de la aristocracia conservadora colombiana, pero la historia lo que más va a retener es el apodo que muy bien se ha ganado, francotirador.

Leyva Durán ha sido Secretario Privado de la Presidencia (1970-1974), Concejal de Bogotá (1974-1976), Diputado a la Asamblea de Cundinamarca (1976-1978), Representante a la Cámara (1978-1982), Ministro de Minas y Energía (1984-1985), Senador de la República (1985-1990), Diputado a la Asamblea Nacional Constituyente (1991) y Ministro de Relaciones Exteriores (2022-2024). Fue precandidato a la presidencia de la república, con muy poco éxito en los distintos momentos en que se presentó, pero sobre todo, se le ha conocido por su permanente activismo frente a la necesidad de encontrar salidas negociadas al conflicto armado. Desde hace mucho tiempo estableció contacto con las distintas organizaciones guerrilleras y llamo a los gobiernos a entablar diálogos de paz, incluso también ha tenido contacto con grupos paramilitares con el mismo fin: encontrar caminos de negociación. Sus acercamientos con estos distintos grupos irregulares han sido muchas veces cuestionados, incluso se le llamó en algunos momentos como el “canciller de las FARC”. Aunque siempre se ha considerado como conservador, ha estado cercano al ADM19 (partido de izquierda sucesor de la guerrilla del M19); fundó un propio y efímero partido “Movimiento Nacional de Reconciliación”, y estuvo cercano recientemente al Pacto Histórico, partido que llevó a la presidencia a Gustavo Petro.

Al inaugurar su gobierno, Gustavo Petro nombro como su Canciller a Leyva, queriendo dar una señal que la política exterior estaría imbuida de la necesidad de llegar a una paz estable y duradera para el país que denominó Paz Total. El nuevo Canciller se movía más en función de las negociaciones de paz que de cualquier otro asunto del ministerio. Abogado con ideas muy laxas como la que los Acuerdos de Paz entre gobierno y FARC permiten convocar una Asamblea Nacional Constituyente, muy apreciada en los meandros de la Casa de Nariño. Incluso, según el presidente Petro, durante su periodo como canciller le insistía que debía buscar ser reelegido. Leyva parecía un aliado perfecto para el actual presidente.

La voltereta a la que está acostumbrado Álvaro Leyva sería producida por la Procuraduría General de la Nación que lo destituyó e inhabilitó por 10 años, en mayo 2024, por su irresponsable decisión de desconocer olímpicamente los principios de contratación estatal y declarar desierta la licitación para elaborar y expedir pasaportes, con graves consecuencias para los ciudadanos. Aunque parecía que su salida de la cancillería no había afectado su relación con el presidente, pues había manifestado al salir su amistad y admiración por el presidente, nuevos movimientos vendrían después.  

El ex canciller, fue progresivamente afilando su pluma con punzantes y enigmáticos trinos, criticando la política de “paz total”, los nombramientos de ministros, en particular el de Laura Sarabia en Relaciones Exteriores y Armando Benedetti como Ministro del Interior, pero progresivamente enfiló contra el primer mandatario a quien había pedido una audiencia, que no le fue concedida. En los trinos escribió sobre adicciones de Petro a las drogas y la necesidad de que acudiera a especialistas para su tratamiento. Posteriormente pasó a explosivas y retóricas cartas, la primera de cuatro páginas y la última de quince. Han sido tres cartas: el 19 de abril, el 5 de mayo y el 1 de junio. En las cartas no solo se refiere al primer mandatario, también hace alarde de su propia trayectoria: de sus viajes, de su conocimiento de mundo y de política, del encuentro con personajes en distintos países, pero desde luego se ensaña contra Petro, sus adicciones, sus ausencias y retrasos en actos programados, precisamente por encontrarse en mal estado, sus “desapariciones” en Francia, en Italia y en Chile durante sus viajes para ir a lugares non sanctos. En su última carta le dice: “Ya no más Presidente Petro. Hora de irse. Esto porque en sus manos, el país se hunde. El alma de la nación está en pena”.

Pero si las cartas enviadas al primer mandatario que hacía inmediatamente públicas eran deleite de la oposición y preocupación en amplios sectores ciudadanos, en la sombra el francotirador, como es conocido por su apodo Álvaro Leyva, estaba fraguando otras movidas.

El 29 de junio el periódico El País de España (Edición América – Colombia) en un informe del periodista Juan Diego Quesada (1), da cuenta de una conversación de Leyva al parecer con asesores cercanos al gobierno Trump en busca de apoyo para hacer caer al gobierno Petro. El periódico presenta una serie de audios con personas no identificadas hace dos meses en Estados Unidos. En un aparte central señala:

“Hay que sacar ese tipo (Petro). Ese tipo presidiendo las elecciones [las presidenciales que están por celebrarse en 2026]… es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder sino con un gran acuerdo nacional en donde tiene que estar ELN, los del Clan del Golfo (…) Yo he hablado con los gremios más importantes (…). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”.

En la conversación con sus interlocutores propone que, en el proyecto de sacar al presidente, se debería contar con los precandidatos presidenciales Vicky Dávila y Miguel Uribe. Al conocerse las grabaciones, Dávila llama y graba la conversación con Leyva, quien, respondiendo a Dávila, dice que jamás ha tenido diálogos ni contactado a ella y a Uribe Turbay. Indica además que lo suyo fue un diálogo privado, que no tenía un ánimo de golpe de Estado, que en su carácter de haber sido constituyente, que conoce la Constitución y la respeta.

En los audios grabados a Leyva, al parecer en Nueva York, indica que está “encima” de la vicepresidenta Márquez e insinúa que ella formaría parte del complot para derribar al presidente, insinuando que la vicepresidenta está al tanto del posible plan. Francia Márquez inmediatamente rechazó el absurdo plan, lo condenó e indicó “no existe la posibilidad de que me preste para conspiraciones que atenten contra nuestra democracia”. Leyva tiene que recular y en entrevista a la revista Semana, niega haber hablado con ella sobre una estrategia para sacar del poder al presidente de la República. “Nunca, yo no he hablado con ella sobre eso”, declaró.

El presidente Petro reaccionó con indignación y dijo que ya conocía esos audios. Definió la estrategia como “intento de golpe de Estado”, indicando en un trino que “durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón. Con el correr del tiempo no quise aceptar pasos oscuros en la cancillería, como el caso de Thomas y Greg (2), por lo cual lo sancionó la procuraduría; tampoco que su hijo ocupase la cancillería o una embajada, como si la democracia fuera hereditaria. El nombramiento tanto de Laura Sarabia y Benedetti lo llenó de odio”. También señaló que le había dado a Leyva el puesto de Canciller porque “pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vida”.

En un nuevo trino, Petro señaló que el mayor riesgo en la estrategia de Leyva fue “que conectó dos grupos armados: el Clan del Golfo y el ELN. El último ya no creía mucho en Leyva porque lo veían usando la paz para sacar ganancias económicas. El que sí copió fue el Clan, envió el tema a sus jefes: la Junta del Narcotráfico”.

Es aquí donde para el presidente casa perfecto el “plan de Leyva” con sus reiteradas denuncias sobre una junta del narcotráfico que ha descrito como una asociación internacional de mafias latinoamericanas, albanesas e italianas, entre otras, “que, desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, maneja buena parte del comercio de la cocaína latinoamericana que llega a Europa. El mandatario ha señalado a este grupo de haber intentado acabar con su vida, de estar detrás de la ola de violencia

en Medellín y de ser el posible responsable del atentado contra Miguel Uribe. Sin embargo, la Fiscalía colombiana aún no ha encontrado evidencia de la existencia del entramado criminal.” (3) 

No es la primera vez que Leyva está en el centro de ejes conspirativos. Ya a mediados de los años 90 en el gobierno de Ernesto Samper buscó otro golpe de Estado y para ello se reunió con el jefe máximo paramilitar Carlos Castaño, proponiendo alianzas con otros grupos ilegales como las FARC-EP y el comandado por el poderoso esmeraldero Víctor Carranza.

Las actitudes de Leyva han merecido un rechazo general, primero por la actitud desleal de un personaje que con luces y sombras había construido una cierta aureola de Quijote montado en un desvencijado caballo de la paz, con innegables torpezas. Pero con los últimos movimientos conspirativos pasa a mostrar ruindad, pequeñez, ambición y venganza, que lo dejan al ocaso de su vida en las tinieblas de la historia.

REFORMA LABORAL APROBADA BAJO PRESIÓN

El gobierno Petro había fracasado en dos ocasiones ante el Congreso en busca de una reforma laboral. Esta era uno de los pilares de las promesas del hoy presidente a los trabajadores. Era ahora o nunca.  En este marco el presidente había propuesto una consulta popular con 12 preguntas que incluían los principales artículos de la reforma en caso que la reforma laboral que proponía el gobierno no fuera aprobada por el Congreso. Claro, la consulta popular también era una propuesta que estaría vinculada a la próxima campaña electoral en la que el jefe del Estado tiene puestas todas sus expectativas.

La clase política tradicional entró en pánico ante la posibilidad de una consulta que le permitía al Gobierno comenzar con una campaña un año antes de las elecciones del 2026 blandiendo un tema de interés general y afecto a la mayoría de los votantes, y con dinero público. El Senado resolvió votar a favor de resucitar la reforma y minutos después hundió la consulta, que necesitaba de su visto bueno. El presidente no se quedó de brazos cruzados y amenazó con decretarla desde su fuero presidencial.

Se produjeron rápidos debates en el Congreso cruzados por expectativas e intereses políticos, y bajo la amenaza de un eventual decreto presidencial para una consulta popular de no producirse una reforma que contemplara la mayoría de las propuestas presentadas por el Gobierno. El partido centrista Alianza Verde jugó papel central como fiel en la balanza, y la reforma fue aprobada. El 25 de junio el Gobierno la hizo la Ley 2466.

Se consiguió una ley que obliga a pagar mejor a 10,2 millones de colombianos por trabajar en dominicales y feriados o después de las 7 p.m. Esto significa que quienes trabajen entre 7 p.m. y 9 p. m. ahora tendrán derecho a recargo del 35% por estas horas de trabajo. Los recargos por trabajar domingos y festivos aumentarán del 75% al 100%.  Los contratos a término fijo ya no podrán renovarse durante décadas; el tope máximo será de cuatro años. Los estudiantes del SENA (estudios técnicos ofrecidos por ésta entidad del Estado) tendrán aportes pensionales, que hasta ahora no los tenían y aumentarán sus sueldos, que pasarán de 50% del salario mínimo al 75% en el primer año

de sus estudios, y de 75% a 100% en la etapa laboral, el segundo año. Tienen derecho a primas, cesantías y vacaciones. Las multas por no contratar un aprendiz (del SENA) también aumentarán. Sin duda es una reforma de importante calado social en beneficio de los trabajadores.

El presidente desistió de la convocatoria a la consulta popular pero, fiel a sus obsesiones, ahora está con la propuesta de que se convoque a la ciudadanía a pronunciarse sobre la necesidad de votar por una Asamblea Nacional Constituyente para establecer una nueva Constitución. El Sr. Benedetti, Ministro del Interior, siguiendo el libreto de Petro, ha llamado para que en las próximas elecciones se deposite una “octava papeleta” trayendo a la memoria la movilización que se dio para las elecciones del 11 de marzo de 1990, que buscó y logró que la ciudadanía se movilizara y votara por un cambio de la constitución de 1886. En ese momento el movimiento estudiantil que animó ese proceso propuso que en las elecciones de ese día se incluyera un séptimo voto, que llamó “séptima papeleta”. Aunque Petro ha defendido permanentemente la actual constitución, ahora lo que le interesa es agitar el debate en perspectiva electoral. Pero este es un nuevo aspecto que se avecina y que seguramente abordaremos en otro informe.

Bogotá, 10 de julio 2025