El Catatumbo está situado en una esquina del país. Como muchos territorios en conflicto en Colombia está en la periferia, lejos de la presencia y atención del Estado. Hace límites con Venezuela en una larga frontera porosa, llena de riqueza territorial; de pobreza y violencia para sus habitantes, violencia que se ejerce también contra la naturaleza por la codicia de los señores de la guerra, que lo quieren todo, a cualquier precio. El Catatumbo está constituido por ocho (8) municipios y equivale al 40% del departamento de Norte de Santander.

Este territorio, como el vecino en Venezuela, fue llamado fugazmente como Coquivacoa, cuando en 1501 los Reyes Católicos nombraron al conquistador Alonso de Ojeda como su gobernador, a espaldas de Cristóbal Colón, quien había sido nombrado virrey de las Indias. Poco tiempo después Ojeda capituló y la tal gobernación quedó en las brumas del tiempo, aunque quiso resucitar en 1928, cuando un movimiento político de la región del Zulia en Venezuela quiso declarar un nuevo Estado con el nombre de República de Coquivacoa, que incluiría territorios vecinos de Venezuela y Colombia.

Aunque los violentos de hoy, con poco cerebro y mucha ambición no recorren ni recurren a la historia, en la práctica están siendo “señores” de esas tierras henchidas de petróleo y de riqueza.

El Catatumbo ha sido habitado desde siempre por los indígenas Motilón-Bari, quienes han protegido y defendido su territorio, pero que cada vez más son arrinconados por los colonos y la violencia. Los campesinos que la habitan son colonos que han huido de violencias y hambre en otros territorios del país y han acudido allí en búsqueda de paz, buenas tierras y un mejor vivir.

Pasada la Guerra de los Mil Días, en la que se enfrentaron ferozmente liberales y conservadores a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el Estado entregó la llamada “Concesión Barco” al veterano de guerra Virgilio Barco M., cuya familia fue la primera en hacer explotación de hidrocarburos en Colombia, en la región del Catatumbo. En 1931 la Concesión Barco le cedió sus derechos a la Gulf Oil Company, aunque continuó recibiendo un porcentaje por la explotación de hidrocarburos en la zona. Un siglo después, se continúa extrayendo petróleo, pero la riqueza siempre ha salido y los problemas han quedado. El Estado tiene en gran abandono a la región, las carreteras son trochas, la atención de salud es mínima o inexistente, la educación es precaria y son más las promesas que las realidades. La generosidad de la tierra que podría producir alimentos en abundancia, es utilizada en alta proporción para los sembríos de coca, porque la asistencia técnica, el crédito, el transporte y la comercialización de los productos alimenticios no cuentan con los canales y el apoyo que deberían tener por parte del Estado. Es tema recurrente decir que no es solo enfrentar a los violentos, sino sobre todo hacer inversión social y económica sana, pero no se va más allá del discurso.

Desde finales del 2021 el ELN y las disidencias del Frente 33 de las Farc (que forman parte del Estado Mayor de los Bloques y Frente – EMBF) habían establecido una tregua en el Catatumbo. Tanto el ELN como el EMBF venían adelantando conversaciones con el Gobierno con el propósito de llegar a una paz negociada. A mediados de septiembre pasado, varios líderes del Catatumbo fueron a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, para avisar con gran preocupación de un inminente rompimiento de la tregua; dos meses después, a mediados de noviembre, la Defensoría del Pueblo hizo una alerta temprana en el mismo sentido sin que el Ejecutivo tomara las medidas y acciones correspondientes para evitar la catástrofe que se está viviendo desde mediados de enero del presente año.

Miguel Ángel López, dueño de la Funeraria San Miguel de Tibú (corazón del Catatumbo), tenía la licencia de todos los actores armados para recoger los cadáveres que permanentemente se encontraban en carreteras y veredas, y se había granjeado el respeto y aprecio de todos. Lo llamaban a cualquier hora del día o de la noche para avisar por la muerte de un familiar, amigo o también un desconocido, la más de las veces fruto de una acción criminal. Él llevaba el cadáver a su funeraria, lo preparaba y entregaba a los deudos, aunque muchas veces también lo entregaba a las autoridades para ser llevado a una tumba común.

El 15 de enero Miguel Ángel y su familia fueron masacrados. El ELN atacó el vehículo donde se transportaban en camino de Tibú a Cúcuta (la capital del Departamento). Murieron Miguel Ángel, su esposa Zulay, Miguel -hijo de apenas 10 meses-, mientras sobrevivió el hijo de 10 años. El ELN niega que hayan sido ellos pero varias fuentes del Ejército lo confirman. Según documento de inteligencia militar, pocos días antes el dueño de la funeraria recogió los cuerpos que, al parecer, eran de integrantes del Frente 33 de las disidencias que habían muerto en enfrentamiento con el ELN. Al parecer, el ELN había dado la orden de que nadie podía tocar los cuerpos de los disidentes muertos, pero López hizo lo que su trabajo le demandaba en el marco de lo acordado con los distintos actores armados. A raíz de esta masacre, los cruentos enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias y el ELN, se multiplicaron, estando la población civil del territorio en el medio.